Columna de opinión periodística e investigativa
Por: Francisco J. Cartagena Méndez
Periodista Independiente, Activista de Derechos
Humanos
Un Árbol de Solución de Problemas (ASP) es una herramienta
utilizada en planificación, desarrollo y contextos humanitarios para
identificar un problema central, establecer sus causas y consecuencias y
convertir ese diagnóstico en respuestas organizadas.
Aplicarlo a la crisis del agua permitiría a Puerto Rico dejar de
reaccionar exclusivamente ante la avería inmediata y examinar las condiciones
estructurales que durante años nos han conducido hasta aquí. La premisa es
sencilla: si conocemos las raíces del problema, podemos intervenir antes de
que sus consecuencias vuelvan a convertirse en emergencia. Entre esas
raíces se encuentran factores como las pérdidas físicas de agua, la
infraestructura envejecida, el mantenimiento insuficiente, la falta de medición
y transparencia y la desigualdad en la capacidad de respuesta comunitaria.
El ASP permite descomponer la crisis en causas específicas, rutas de
acción y decisiones verificables, en lugar de quedarnos en explicaciones
generales. En términos prácticos:
- Identifica
las causas raíz: permite distinguir entre
fallas de infraestructura, problemas de gestión, sequía, corrupción o
falta de mantenimiento.
- Ordena
las dependencias: muestra qué problemas
deben atenderse primero para que otras intervenciones puedan ser
efectivas.
- Aclara
responsables y puntos de intervención:
permite vincular acciones concretas con agencias, municipios y
comunidades.
- Reduce
la ambigüedad pública: transforma una crisis
compleja en un mapa visual que permite comprender qué está ocurriendo, por
qué ocurre y qué puede hacerse.
Un Árbol de Solución de Problemas, sin embargo, no debería detenerse en
las raíces estructurales: también debe mostrar a quiénes alcanzan sus ramas.
Según los criterios de vulnerabilidad señalados por UNICEF y aplicados a la
realidad de Puerto Rico, esas ramas incluyen a adultos mayores, personas
encamadas o con movilidad limitada, familias de escasos recursos, comunidades
que enfrentan interrupciones prolongadas y escuelas.
Ese sufrimiento tampoco llegó de repente. En 2015, durante otra gran
sequía, el geomorfólogo José Molinelli advertía que el reto del país era
proteger sus fuentes y manejar eficientemente el recurso. Ese mismo año
señalaba que más de la mitad del agua podía perderse debido al deterioro de la
infraestructura y las filtraciones. Once años después, un informe oficial
citado en medio de la crisis de 2026 calcula que la AAA produce alrededor de
513 millones de galones diarios y pierde físicamente unos 267 millones: aproximadamente
el 52 %.
No se puede administrar lo que no se mide. Cambian las
administraciones, pero permanece la pérdida de agua potable. Por eso, mi
primera propuesta ciudadana es realizar una auditoría técnica integral de la
red de distribución que permita determinar, sector por sector, dónde, cómo
y cuánto se pierde.

Tampoco faltaron advertencias sobre las fuentes de abasto. También en
2015, científicos y especialistas describían una paradoja: Puerto Rico recibe
abundante precipitación y posee importantes recursos superficiales y
subterráneos, pero captura y administra deficientemente una parte considerable
de ellos. El hidrólogo Sigfredo Torres González resumió entonces que en Puerto
Rico había mucha agua, pero se capturaba muy poca; entre los problemas
identificados estaban embalses pequeños y sedimentados y la escasez de
proyectos para capturar agua en las montañas. En 2019, Molinelli volvía a
advertir que ni siquiera se conocía adecuadamente la capacidad real de
acumulación de algunos de los principales embalses después del huracán María.
No estamos, pues, ante advertencias surgidas ayer. Estamos frente a
conocimiento acumulado que demasiadas veces parece desaparecer cuando cambia
una administración.
Los dragados de los embalses también deben formar parte de una
estrategia hídrica a largo plazo. Décadas
de sedimentación reducen progresivamente su capacidad de almacenamiento y, con
ello, el agua disponible durante periodos de poca lluvia. En 2022 se advertía
que Carraízo llevaba 25 años sin un dragado completo, mientras continuaban las
enormes pérdidas de agua en la red. Recuperar capacidad en nuestros embalses es
necesario, pero de poco servirá almacenar más agua si después permitimos que
una parte sustancial se pierda antes de llegar al pueblo.
La realidad es que el agua no tiene ideología ni partido político.
Precisamente porque parte de ese conocimiento lleva décadas acumulándose, un
Consejo Asesor de Emergencia Hídrica podría reunir la memoria institucional de
exdirectores, ingenieros y trabajadores de la AAA con hidrólogos, científicos y
universidades. En noviembre de 2018, el hidrólogo Ferdinand Quiñones advirtió
que debía reducirse la descarga del embalse Guajataca ante la disminución de
las lluvias; meses después, ya en 2019, más de 200,000 personas enfrentaron
racionamiento. Y en 2026 reaparecen alertas técnicas antiguas: Greg Morris
había señalado la caída del rendimiento firme del Superacueducto y recomendado
rehabilitar pozos estratégicos para sequías y emergencias. Escuchar a quienes
conocen el sistema no debería depender del partido que ocupe La Fortaleza.
Puerto Rico debería avanzar hacia un Sistema Inteligente de Monitoreo
Digital que convierta la medición continua y la detección temprana en parte
central de la operación diaria de la AAA y permita localizar fugas, detectar cambios anormales de
presión, anticipar averías, monitorear el consumo y priorizar reparaciones. Lo ideal sería contar con una
modernización que permita medir cuántas averías se evitan, cuánta agua dejamos
de perder y qué resultados produce cada dólar invertido. Las agencias
pertinentes deben sustituir la costumbre de administrar las crisis que afectan
al pueblo por la disciplina de administrar bien el agua, porque es una
necesidad vital y, por eso, tiene que llegar.

A esa tecnología debe acompañarla una transparencia igualmente moderna,
por lo que un Portal Público de Transparencia Hídrica debería formar parte de
las posibles soluciones a mediano y largo plazo. Un portal donde cualquier
ciudadano pueda consultar producción de agua, pérdidas estimadas, averías,
proyectos, costos, fechas de terminación y cumplimiento de metas, y donde esa
información alimente auditorías independientes y evaluaciones públicas cada
seis meses. Pero modernizar la infraestructura existente no impide desarrollar
resiliencia desde las comunidades ni explorar nuevas fuentes complementarias.
otra estrategia de resiliencia podría ser establecer recolectores
comunitarios de agua —sistemas comunitarios de captación y reserva— ubicados
estratégicamente en zonas vulnerables, incluyendo comunidades cercanas a
embalses que históricamente alcanzan niveles críticos durante periodos de sequía
y calor extremo. Estos sistemas permitirían atender necesidades básicas cuando
las interrupciones golpeen con mayor fuerza, particularmente entre poblaciones
con menos recursos para comprar cisternas de almacenamiento o para adquirir
agua por su cuenta. Su valor pudiera medirse en si logran reducir la
desigualdad que aparece cada vez que una crisis obliga a unas familias a
comprar agua mientras otras simplemente tienen que esperar.
Atrapanieblas: una alternativa que Puerto Rico debería
estudiar
La captación de agua de niebla mediante atrapanieblas ya se usa en
distintos países y podría explorarse como fuente complementaria para Puerto
Rico. Estudios reportan rendimientos entre 1 y 10 litros por metro cuadrado de
malla al día, dependiendo del viento y las condiciones atmosféricas. En Chile,
investigaciones recientes han mostrado hasta 10 litros diarios con aplicaciones
para consumo humano, riego y agricultura hidropónica. Europa también ofrece
precedentes: el proyecto LIFE NIEBLAS en Gran Canaria ha demostrado utilidad en
restauración forestal y ha desarrollado colectores más resistentes, capaces de
operar de forma pasiva sin requerir energía externa
.
Para Puerto Rico, la vía razonable sería iniciar
proyectos piloto en microclimas montañosos donde la niebla y el viento
favorezcan la captación. Antes de pensar en una adopción mayor, habría que
medir volúmenes reales de agua, calidad, costos, mantenimiento y resistencia
ante el clima local, además del costo final por litro. Los atrapanieblas no
sustituirían a la AAA ni resolverían por sí solos la crisis hídrica; serían una
pieza adicional dentro de una estrategia de diversificación y resiliencia. La
pregunta clave no es si funcionan en Chile o Canarias, sino si pueden hacerlo eficientemente aquí.
Después de revisar advertencias históricas, alternativas técnicas,
propuestas comunitarias y posibilidades de innovación, queda una pregunta que
el país no debería seguir posponiendo: si un periodista independiente sin
formación especializada en ingeniería hídrica puede identificar el problema,
buscar antecedentes, localizar advertencias científicas, estudiar experiencias
internacionales, formular alternativas y proponer un mecanismo para probarlas,
¿por qué una corporación pública con técnicos, ingenieros, presupuesto, datos y
décadas de experiencia no puede sostener públicamente un proceso semejante de
investigación, experimentación y planificación a mediano y largo plazo?