Adultos Mayores - abandono y crisis de servicios esenciales en Puerto Rico

 

Por: Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez

Periodista Independiente – Activista de Derechos Humanos

¿Quién lleva agua al adulto mayor que vive solo cuando algún servicio básico desaparece durante varios días? ¿Quién verifica si tiene medicamentos, alimentos y electricidad para conservar aquello de lo que depende su salud? ¿Y quién sabe siquiera que está solo?

La autonegligencia en los adultos mayores constituye un problema de salud pública que afecta a millones de personas y que, con frecuencia, permanece oculto o no es identificado. El fenómeno puede manifestarse cuando una persona mayor deja de satisfacer adecuadamente necesidades esenciales relacionadas con su alimentación, higiene, atención médica, seguridad o entorno. Por esa razón, profesionales de la salud y, particularmente, quienes trabajan directamente en las comunidades ocupan una posición importante para identificar señales de riesgo e intervenir oportunamente.

Sin embargo, la autonegligencia no debe confundirse con otras formas de abandono o maltrato. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el maltrato hacia las personas mayores puede incluir abuso físico, psicológico o emocional, sexual y financiero, además de negligencia y abandono. La distinción es importante: mientras la autonegligencia se relaciona con la incapacidad o ausencia de autocuidado de la propia persona, la negligencia y el abandono pueden involucrar la falta de atención por parte de quienes tienen una responsabilidad o relación de confianza con ella.

La dimensión del problema adquiere mayor importancia ante el acelerado envejecimiento de la población mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que la población de 60 años o más, que alcanzaba alrededor de mil millones de personas en 2019, aumentará a 1,400 millones en 2030 y 2,100 millones en 2050. Este proceso demográfico exige adaptar los sistemas de salud y cuidado, pero también la vivienda, el transporte, las comunidades y otras estructuras sociales a las necesidades de una población progresivamente envejecida.

Puerto Rico enfrenta este desafío de manera particularmente visible. El Índice de Vejez, que compara la población de 65 años o más con la población menor de 15 años, alcanzó 168 en 2020; es decir, había aproximadamente 168 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años. Para 2025, el indicador aumentó a 237. En apenas cinco años, el Índice de Vejez aumentó aproximadamente 41 %, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2026).

El abandono de adultos mayores en Puerto Rico no constituye únicamente una preocupación social, sino una realidad documentada mediante cifras oficiales. Datos del Departamento de la Familia indican que, desde julio de 2017, la agencia ha atendido 5,762 casos de adultos mayores abandonados en hospitales. El año fiscal 2024-2025 registró 1,018 casos, la cifra más alta del periodo, mientras que durante los primeros diez meses del año fiscal 2025-2026 se habían contabilizado otros 675 casos hasta el 24 de abril de 2026.

Aunque esta última cifra representaba una reducción respecto al periodo anterior, la persistencia y magnitud del fenómeno evidencian una problemática social que continúa requiriendo atención sostenida y respuestas públicas capaces de atender las circunstancias económicas, familiares y sociales que pueden colocar a esta población en situaciones de abandono/

Adultos Mayores y la Crisis del Agua en Puerto Rico

Quisiera iniciar esta sección con una pregunta que, por su urgencia ética y ciudadana, todos deberíamos hacernos:

¿Puede llamarse resiliente una sociedad que responde a una emergencia dependiendo de que cada persona tenga automóvil, fuerza para cargar agua, que tenga disponible dinero, movilidad, familia y alguien que se acuerde de ella?

En una población con estas características, una interrupción prolongada del servicio de agua potable no afecta a todos por igual. Para una persona mayor —particularmente si vive sola, posee limitaciones de movilidad o carece de una red familiar cercana— conseguir, transportar y almacenar agua puede convertirse en un problema cotidiano de seguridad y salud. La experiencia posterior al huracán María ofrece evidencia de esta vulnerabilidad. Una investigación publicada en ACS ES&T Water estudió a 208 adultos mayores de Puerto Rico, entre 64 y 104 años, para examinar la relación entre las fuentes de agua potable y la resiliencia después del desastre. El 86 % utilizaba agua embotellada como fuente de consumo, mientras el 71 % reportó utilizar también agua del sistema municipal. Los investigadores destacaron que los desastres naturales afectan tanto la disponibilidad como la confiabilidad del agua potable y pueden dificultar el acceso a cantidades suficientes y seguras.

La vulnerabilidad se extiende además al sistema eléctrico. Una investigación publicada en 2026 en BMC Public Health, realizada por un equipo de investigadores con 60 participantes adultos de zonas rurales de Puerto Rico, encontró que la inseguridad energética durante los apagones puede interrumpir el funcionamiento de equipos médicos esenciales y la refrigeración de medicamentos, además de dificultar el manejo de condiciones crónicas como la diabetes y las enfermedades respiratorias.  

Los participantes también describieron un aumento del estrés psicológico durante las interrupciones eléctricas. En un Puerto Rico cada vez más envejecido, las crisis de agua y energía dejan de ser únicamente problemas de infraestructura: para determinados adultos mayores pueden convertirse directamente en problemas de salud, autonomía y supervivencia cotidiana.

Propuestas para una Política de Acompañamiento y Protección de los Adultos Mayores

Reconocer la vulnerabilidad de los adultos mayores no es suficiente si ese reconocimiento no se traduce en mecanismos concretos de prevención, acompañamiento y respuesta. Puerto Rico necesita avanzar hacia una política que permita conocer dónde se encuentran las personas mayores más vulnerables, cuáles son sus necesidades y cómo responder antes de que una emergencia las coloque en peligro. Entre las medidas que deberían considerarse se encuentran:

• Identificación de adultos mayores que viven solos: desarrollar, con participación de municipios, comunidades y agencias pertinentes, mecanismos voluntarios y actualizados que permitan identificar a personas mayores que viven solas, carecen de una red de apoyo cercana o presentan limitaciones que puedan aumentar su vulnerabilidad durante una emergencia.
• Monitoreo y acompañamiento periódico: establecer programas de seguimiento comunitario para conocer periódicamente las condiciones de vida de adultos mayores identificados como vulnerables, prestando especial atención al acceso a alimentos, agua potable, medicamentos, electricidad, higiene, movilidad y otras necesidades básicas del diario vivir.
• Educación para el autocuidado y preparación ante emergencias: ofrecer orientación periódica y accesible sobre técnicas de autocuidado, almacenamiento seguro de agua y alimentos, manejo y conservación de medicamentos, preparación para interrupciones de servicios esenciales y mecanismos disponibles para solicitar asistencia.
  
• Protocolos especiales durante interrupciones de agua y electricidad: crear sistemas de respuesta que permitan contactar prioritariamente a adultos mayores vulnerables cuando ocurran apagones, racionamientos o interrupciones prolongadas del servicio de agua, particularmente cuando dependan de equipos médicos eléctricos, medicamentos refrigerados o tengan dificultades de movilidad.
• Redes comunitarias de apoyo al adulto mayor: fortalecer la colaboración entre municipios, organizaciones comunitarias, profesionales de la salud, vecinos y familiares para establecer redes locales capaces de detectar necesidades, reducir el aislamiento y movilizar ayuda cuando una persona mayor no pueda abastecerse por sí misma.
• Sistema de alerta y seguimiento interagencial: establecer mecanismos de comunicación entre las agencias responsables de servicios sociales, salud y manejo de emergencias para que los casos de mayor vulnerabilidad puedan ser identificados y atendidos oportunamente, evitando que una persona tenga que llegar al abandono, la hospitalización o una crisis para que el Estado conozca su situación.

A modo de conclusión, sería prudente expresar que el abandono no necesariamente comienza cuando una familia deja solo a un adulto mayor; también puede adquirir una dimensión institucional cuando diseñamos respuestas a emergencias suponiendo que toda persona puede hacer fila, cargar agua, desplazarse, pedir ayuda o contar con alguien que llegue a su casa. En ese punto, la omisión deja de ser logística y se convierte en una forma de violencia estructural. Un país que no planifica para quienes menos pueden, termina profundizando la desigualdad que dice querer atender. Y al final de todo este recorrido, quienes aún no formamos parte de la población de adultos mayores —pero inevitablemente nos acercamos a esa puerta— debemos preguntarnos qué país encontraremos al abrirla: uno que nos reciba con mayor aptitud física, emocional y comunitaria, o uno que nos obligue a enfrentar la vejez con las mismas carencias que hoy denunciamos.

Comentarios: eljimagua@live.com  

 

El agua no tiene ideología pero su ausencia deja marcas en el pueblo: propuesta ciudadana ante una crisis que Puerto Rico ya conocía

 

Columna de opinión periodística e investigativa

Por: Francisco J. Cartagena Méndez

Periodista Independiente, Activista de Derechos Humanos

Un Árbol de Solución de Problemas (ASP) es una herramienta utilizada en planificación, desarrollo y contextos humanitarios para identificar un problema central, establecer sus causas y consecuencias y convertir ese diagnóstico en respuestas organizadas.

Aplicarlo a la crisis del agua permitiría a Puerto Rico dejar de reaccionar exclusivamente ante la avería inmediata y examinar las condiciones estructurales que durante años nos han conducido hasta aquí. La premisa es sencilla: si conocemos las raíces del problema, podemos intervenir antes de que sus consecuencias vuelvan a convertirse en emergencia. Entre esas raíces se encuentran factores como las pérdidas físicas de agua, la infraestructura envejecida, el mantenimiento insuficiente, la falta de medición y transparencia y la desigualdad en la capacidad de respuesta comunitaria.

 

El ASP permite descomponer la crisis en causas específicas, rutas de acción y decisiones verificables, en lugar de quedarnos en explicaciones generales. En términos prácticos:

• Identifica las causas raíz: permite distinguir entre fallas de infraestructura, problemas de gestión, sequía, corrupción o falta de mantenimiento.
• Ordena las dependencias: muestra qué problemas deben atenderse primero para que otras intervenciones puedan ser efectivas.
• Aclara responsables y puntos de intervención: permite vincular acciones concretas con agencias, municipios y comunidades.
• Reduce la ambigüedad pública: transforma una crisis compleja en un mapa visual que permite comprender qué está ocurriendo, por qué ocurre y qué puede hacerse.

Un Árbol de Solución de Problemas, sin embargo, no debería detenerse en las raíces estructurales: también debe mostrar a quiénes alcanzan sus ramas. Según los criterios de vulnerabilidad señalados por UNICEF y aplicados a la realidad de Puerto Rico, esas ramas incluyen a adultos mayores, personas encamadas o con movilidad limitada, familias de escasos recursos, comunidades que enfrentan interrupciones prolongadas y escuelas.

Ese sufrimiento tampoco llegó de repente. En 2015, durante otra gran sequía, el geomorfólogo José Molinelli advertía que el reto del país era proteger sus fuentes y manejar eficientemente el recurso. Ese mismo año señalaba que más de la mitad del agua podía perderse debido al deterioro de la infraestructura y las filtraciones. Once años después, un informe oficial citado en medio de la crisis de 2026 calcula que la AAA produce alrededor de 513 millones de galones diarios y pierde físicamente unos 267 millones: aproximadamente el 52 %.

No se puede administrar lo que no se mide. Cambian las administraciones, pero permanece la pérdida de agua potable. Por eso, mi primera propuesta ciudadana es realizar una auditoría técnica integral de la red de distribución que permita determinar, sector por sector, dónde, cómo y cuánto se pierde.

 

Tampoco faltaron advertencias sobre las fuentes de abasto. También en 2015, científicos y especialistas describían una paradoja: Puerto Rico recibe abundante precipitación y posee importantes recursos superficiales y subterráneos, pero captura y administra deficientemente una parte considerable de ellos. El hidrólogo Sigfredo Torres González resumió entonces que en Puerto Rico había mucha agua, pero se capturaba muy poca; entre los problemas identificados estaban embalses pequeños y sedimentados y la escasez de proyectos para capturar agua en las montañas. En 2019, Molinelli volvía a advertir que ni siquiera se conocía adecuadamente la capacidad real de acumulación de algunos de los principales embalses después del huracán María. No estamos, pues, ante advertencias surgidas ayer. Estamos frente a conocimiento acumulado que demasiadas veces parece desaparecer cuando cambia una administración.

 

Los dragados de los embalses también deben formar parte de una estrategia hídrica a largo plazo.  Décadas de sedimentación reducen progresivamente su capacidad de almacenamiento y, con ello, el agua disponible durante periodos de poca lluvia. En 2022 se advertía que Carraízo llevaba 25 años sin un dragado completo, mientras continuaban las enormes pérdidas de agua en la red. Recuperar capacidad en nuestros embalses es necesario, pero de poco servirá almacenar más agua si después permitimos que una parte sustancial se pierda antes de llegar al pueblo.

 

La realidad es que el agua no tiene ideología ni partido político. Precisamente porque parte de ese conocimiento lleva décadas acumulándose, un Consejo Asesor de Emergencia Hídrica podría reunir la memoria institucional de exdirectores, ingenieros y trabajadores de la AAA con hidrólogos, científicos y universidades. En noviembre de 2018, el hidrólogo Ferdinand Quiñones advirtió que debía reducirse la descarga del embalse Guajataca ante la disminución de las lluvias; meses después, ya en 2019, más de 200,000 personas enfrentaron racionamiento. Y en 2026 reaparecen alertas técnicas antiguas: Greg Morris había señalado la caída del rendimiento firme del Superacueducto y recomendado rehabilitar pozos estratégicos para sequías y emergencias. Escuchar a quienes conocen el sistema no debería depender del partido que ocupe La Fortaleza.

 

Puerto Rico debería avanzar hacia un Sistema Inteligente de Monitoreo Digital que convierta la medición continua y la detección temprana en parte central de la operación diaria de la AAA y permita localizar fugas, detectar cambios anormales de presión, anticipar averías, monitorear el consumo y priorizar reparaciones. Lo ideal sería contar con una modernización que permita medir cuántas averías se evitan, cuánta agua dejamos de perder y qué resultados produce cada dólar invertido. Las agencias pertinentes deben sustituir la costumbre de administrar las crisis que afectan al pueblo por la disciplina de administrar bien el agua, porque es una necesidad vital y, por eso, tiene que llegar.

A esa tecnología debe acompañarla una transparencia igualmente moderna, por lo que un Portal Público de Transparencia Hídrica debería formar parte de las posibles soluciones a mediano y largo plazo. Un portal donde cualquier ciudadano pueda consultar producción de agua, pérdidas estimadas, averías, proyectos, costos, fechas de terminación y cumplimiento de metas, y donde esa información alimente auditorías independientes y evaluaciones públicas cada seis meses. Pero modernizar la infraestructura existente no impide desarrollar resiliencia desde las comunidades ni explorar nuevas fuentes complementarias.

 

otra estrategia de resiliencia podría ser establecer recolectores comunitarios de agua —sistemas comunitarios de captación y reserva— ubicados estratégicamente en zonas vulnerables, incluyendo comunidades cercanas a embalses que históricamente alcanzan niveles críticos durante periodos de sequía y calor extremo. Estos sistemas permitirían atender necesidades básicas cuando las interrupciones golpeen con mayor fuerza, particularmente entre poblaciones con menos recursos para comprar cisternas de almacenamiento o para adquirir agua por su cuenta. Su valor pudiera medirse en si logran reducir la desigualdad que aparece cada vez que una crisis obliga a unas familias a comprar agua mientras otras simplemente tienen que esperar.

 

Atrapanieblas: una alternativa que Puerto Rico debería estudiar

 

La captación de agua de niebla mediante atrapanieblas ya se usa en distintos países y podría explorarse como fuente complementaria para Puerto Rico. Estudios reportan rendimientos entre 1 y 10 litros por metro cuadrado de malla al día, dependiendo del viento y las condiciones atmosféricas. En Chile, investigaciones recientes han mostrado hasta 10 litros diarios con aplicaciones para consumo humano, riego y agricultura hidropónica. Europa también ofrece precedentes: el proyecto LIFE NIEBLAS en Gran Canaria ha demostrado utilidad en restauración forestal y ha desarrollado colectores más resistentes, capaces de operar de forma pasiva sin requerir energía externa

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Para Puerto Rico, la vía razonable sería iniciar proyectos piloto en microclimas montañosos donde la niebla y el viento favorezcan la captación. Antes de pensar en una adopción mayor, habría que medir volúmenes reales de agua, calidad, costos, mantenimiento y resistencia ante el clima local, además del costo final por litro. Los atrapanieblas no sustituirían a la AAA ni resolverían por sí solos la crisis hídrica; serían una pieza adicional dentro de una estrategia de diversificación y resiliencia. La pregunta clave no es si funcionan en Chile o Canarias, sino si pueden hacerlo eficientemente aquí.

 

Después de revisar advertencias históricas, alternativas técnicas, propuestas comunitarias y posibilidades de innovación, queda una pregunta que el país no debería seguir posponiendo: si un periodista independiente sin formación especializada en ingeniería hídrica puede identificar el problema, buscar antecedentes, localizar advertencias científicas, estudiar experiencias internacionales, formular alternativas y proponer un mecanismo para probarlas, ¿por qué una corporación pública con técnicos, ingenieros, presupuesto, datos y décadas de experiencia no puede sostener públicamente un proceso semejante de investigación, experimentación y planificación a mediano y largo plazo?

 

 

 

Jenniffer González y la Difamación como Arma Política que Divide al País - Columna de Opinión

 Por: Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez

Periodista Independiente, Activista de Derechos Humanos

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En tiempos de crisis social y polarización, la difamación política se ha convertido en un arma peligrosa que erosiona la confianza pública y distorsiona el debate democrático. Cuando se lanzan acusaciones sin pruebas, sin fundamento y sin responsabilidad, no solo se ataca a una persona: se hiere la credibilidad de las instituciones y se alimenta un clima de desinformación que afecta a todo el país.

La discusión pública en Puerto Rico se ha visto contaminada por la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González y el  presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz tras acusaciones políticas sin evidencia. En repetidas ocasiones, se recurre a la crisis que atraviesan países como Venezuela o Cuba para insinuar vínculos o donativos inexistentes, sin presentar prueba alguna que lo sustente. Lo más preocupante es que sectores de la prensa permiten que estas expresiones se repitan sin cuestionamientos, sin exigir documentación, sin ejercer el mínimo rigor periodístico que la democracia exige.

Cuando se lanzan señalamientos tan serios sin fundamento, no se fiscaliza: se difama. Y esa estrategia no solo degrada el debate público, sino que divide al país, erosiona la confianza ciudadana y fragmenta los pilares democráticos que deberían sostener cualquier contienda política.

La política deja de ser un espacio de ideas y propuestas cuando se transforma en un campo de batalla donde la mentira se usa como estrategia. La difamación no es transparencia; no es democracia. Es una forma de violencia simbólica que manipula emociones, destruye reputaciones y desvía la atención de los problemas reales que afectan a la ciudadanía, y este no es el Puerto Rico que nos merecemos.

Merecemos aspirar a un país de avanzada, guiado por ideas y por un compromiso real con la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Merecemos un país que garantice viviendas accesibles para su gente y que reconstruya un Sistema de Educación profundamente herido por años de corrupción, tanto bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático.

Sin embargo, cuando el debate público se contamina con difamaciones provenientes de la gobernación, lo único que se produce es mayor inestabilidad social. Se profundizan las divisiones entre puertorriqueños y se perpetúan mentiras institucionales que llevan décadas utilizándose para demonizar al independentismo y desviar la atención de la pésima gobernanza del gobierno actual.

Es como si pensar por cuenta propia fuera un pecado, pues a ciertos sectores del PNP no les conviene un pueblo educado, crítico y libre de mente, un pueblo que ya no se trague narrativas fabricadas ni repita mentiras institucionalizadas. Por eso insisten en promover discursos de miedo y desprestigio contra Juan Dalmau y contra el independentismo en general: porque un país desinformado es más fácil de manipular.

Mientras la ciudadanía permanezca confundida o dividida, el gobierno de Jenniffer González puede seguir impulsando un Código Electoral hecho a su medida, diseñado para beneficiar únicamente a quienes ya están en el poder. Y así, entre sombras y artimañas, se perpetúa un sistema que les permite mantenerse arriba, aun cuando el país exige cambios profundos. Comentarios: eljimagua@live.com