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lunes, 28 de septiembre de 2026

Puerto Rico no puede callar ante el genocidio en Gaza | Columna de Opinión

 


Por Francisco J. Cartagena Méndez – El Jimagua
Columna de Opinión  – NotiDigitalPR – 

 

Escribí por primera vez estas líneas en septiembre 8 de 2025 con el corazón encendido por la indignación. Hoy, en 2026, regreso a ellas porque Gaza continúa sufriendo y porque el paso del tiempo no puede convertir el horror en normalidad. Casi un año después del anuncio del alto el fuego de octubre de 2025, la población continúa enfrentando ataques, muertes, destrucción, desplazamiento y enormes necesidades humanitarias. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó el 25 de septiembre de 2026 que las necesidades humanitarias siguen siendo abrumadoras, mientras persisten ataques y otras actividades militares, restricciones a la entrada de materiales esenciales y graves carencias de suministros médicos. OCHA oPt

Las cifras no son solamente números: son seres humanos, familias, proyectos de vida interrumpidos, padres y madres enterrando a sus hijos y niños cuya infancia ha transcurrido entre destrucción, desplazamientos y miedo. Incluso después del alto el fuego anunciado el 10 de octubre de 2025, las autoridades sanitarias de Gaza reportaron nuevas muertes y miles de heridos; OCHA continúa documentando víctimas civiles durante 2026. En septiembre, UNICEF informó nuevamente sobre niños muertos y heridos, mientras las Naciones Unidas advertían que millones de personas seguían dependiendo de una respuesta humanitaria sometida a severas limitaciones. OCHA oPt


La devastación tampoco termina cuando cesa una explosión. OCHA señala que el 94 % de la población de Gaza necesita urgentemente refugio y asistencia básica para el hogar, mientras el 65 % de las familias vive en tiendas de campaña o refugios improvisados que ofrecen muy poca protección. El acceso al agua continúa siendo precario, existen carencias críticas de medicamentos y materiales médicos, y las restricciones sobre equipos, herramientas, piezas y otros suministros dificultan la recuperación de servicios esenciales. OCHA oPt

Tampoco podemos olvidar a quienes han intentado documentar lo ocurrido. En septiembre de 2026, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) culminó una revisión exhaustiva de sus registros sobre periodistas y trabajadores de medios muertos en Israel y el territorio palestino ocupado desde octubre de 2023, incluso eliminando, reincorporando y reclasificando casos conforme obtuvo nueva información. 

El propio ejercicio de revisión demuestra la importancia de documentar rigurosamente cada muerte, porque detrás de cada registro existe una persona y porque el periodismo ha pagado un precio extraordinario durante esta guerra. CPJ informó además que 2025 fue el año con mayor cantidad de periodistas y trabajadores de medios muertos desde que comenzó sus registros en 1992 y atribuyó a Israel dos terceras partes de las muertes documentadas durante ese año. Committee to Protect Journalists

Desde Puerto Rico no podemos contemplar esta realidad como si ocurriera en un universo ajeno. Nuestra propia historia colonial nos obliga a comprender el significado de la autodeterminación, las relaciones desiguales de poder y la defensa de los pueblos. La solidaridad con los derechos humanos pierde su sentido cuando seleccionamos cuáles víctimas merecen nuestra indignación y cuáles pueden convertirse en una estadística distante. Gaza es también nuestra herida porque la defensa de la dignidad humana no debe depender del lugar donde una persona nació.

Por eso, mi posición no ha cambiado desde que escribí la primera versión de este texto en 2025: Puerto Rico debe asumir una postura ética ante el genocidio en Gaza. Desde nuestra sociedad civil, nuestros medios de comunicación, nuestras instituciones y nuestras comunidades debemos exigir protección para la población civil, acceso efectivo y suficiente a la asistencia humanitaria y rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional. En septiembre de 2026, el propio secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, volvió a denunciar que el acceso humanitario permanece severamente restringido y reclamó el cumplimiento del derecho internacional. OCHA oPt

También debemos discutir seriamente nuestras relaciones económicas y comerciales. Puerto Rico no debe actuar como si el comercio estuviera divorciado de los derechos humanos. Si nuestras instituciones mantienen o promueven relaciones económicas con entidades vinculadas al Estado de Israel, los ciudadanos tenemos derecho a conocer su alcance, examinarlas públicamente y reclamar decisiones coherentes con la protección de la vida y la dignidad humana. No hay comercio justo cuando hay sangre en las manos.

Han pasado años desde octubre de 2023. Han cambiado gobiernos, discursos, cifras y circunstancias sobre el terreno. Lo que no debería cambiar es nuestra capacidad para estremecernos ante el sufrimiento de otros seres humanos. Callar porque la tragedia se prolongó demasiado sería permitir que la duración del horror termine convirtiéndose en una forma de aceptación.

 

 

Emplazo directamente a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a pronunciarse públicamente y condenar el genocidio en Gaza. También los emplazo a impulsar, dentro de las facultades que corresponden al Gobierno de Puerto Rico, la ruptura de relaciones comerciales e institucionales con el Estado de Israel. No basta invocar los derechos humanos cuando resulta políticamente conveniente: si la defensa de la vida y de la dignidad humana pretende ser un principio, debe sostenerse también frente al sufrimiento del pueblo palestino. Puerto Rico merece conocer dónde están sus principales dirigentes ante esta tragedia y qué acciones concretas están dispuestos a promover desde las posiciones de poder que actualmente ocupan. 

Puerto Rico puede estar geográficamente lejos de Gaza, pero la distancia nunca ha sido una excusa válida para la indiferencia.

Gaza no necesita nuestra lástima. Necesita nuestra voz y acción.

Francisco J. Cartagena Méndez – El Jimagua
NotiDigitalPR | Periodismo Independiente con Propósito

Este escrito contiene imágenes del interior del libro Estado de Israel, su Genocidio y el Silencio Internacional. 

 

jueves, 20 de agosto de 2026

Adultos Mayores - abandono y crisis de servicios esenciales en Puerto Rico

 

Por: Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez

Periodista Independiente – Activista de Derechos Humanos

¿Quién lleva agua al adulto mayor que vive solo cuando algún servicio básico desaparece durante varios días? ¿Quién verifica si tiene medicamentos, alimentos y electricidad para conservar aquello de lo que depende su salud? ¿Y quién sabe siquiera que está solo?

La autonegligencia en los adultos mayores constituye un problema de salud pública que afecta a millones de personas y que, con frecuencia, permanece oculto o no es identificado. El fenómeno puede manifestarse cuando una persona mayor deja de satisfacer adecuadamente necesidades esenciales relacionadas con su alimentación, higiene, atención médica, seguridad o entorno. Por esa razón, profesionales de la salud y, particularmente, quienes trabajan directamente en las comunidades ocupan una posición importante para identificar señales de riesgo e intervenir oportunamente.

Sin embargo, la autonegligencia no debe confundirse con otras formas de abandono o maltrato. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el maltrato hacia las personas mayores puede incluir abuso físico, psicológico o emocional, sexual y financiero, además de negligencia y abandono. La distinción es importante: mientras la autonegligencia se relaciona con la incapacidad o ausencia de autocuidado de la propia persona, la negligencia y el abandono pueden involucrar la falta de atención por parte de quienes tienen una responsabilidad o relación de confianza con ella.

La dimensión del problema adquiere mayor importancia ante el acelerado envejecimiento de la población mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que la población de 60 años o más, que alcanzaba alrededor de mil millones de personas en 2019, aumentará a 1,400 millones en 2030 y 2,100 millones en 2050. Este proceso demográfico exige adaptar los sistemas de salud y cuidado, pero también la vivienda, el transporte, las comunidades y otras estructuras sociales a las necesidades de una población progresivamente envejecida.

Puerto Rico enfrenta este desafío de manera particularmente visible. El Índice de Vejez, que compara la población de 65 años o más con la población menor de 15 años, alcanzó 168 en 2020; es decir, había aproximadamente 168 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años. Para 2025, el indicador aumentó a 237. En apenas cinco años, el Índice de Vejez aumentó aproximadamente 41 %, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2026).

El abandono de adultos mayores en Puerto Rico no constituye únicamente una preocupación social, sino una realidad documentada mediante cifras oficiales. Datos del Departamento de la Familia indican que, desde julio de 2017, la agencia ha atendido 5,762 casos de adultos mayores abandonados en hospitales. El año fiscal 2024-2025 registró 1,018 casos, la cifra más alta del periodo, mientras que durante los primeros diez meses del año fiscal 2025-2026 se habían contabilizado otros 675 casos hasta el 24 de abril de 2026.

Aunque esta última cifra representaba una reducción respecto al periodo anterior, la persistencia y magnitud del fenómeno evidencian una problemática social que continúa requiriendo atención sostenida y respuestas públicas capaces de atender las circunstancias económicas, familiares y sociales que pueden colocar a esta población en situaciones de abandono/

Adultos Mayores y la Crisis del Agua en Puerto Rico

Quisiera iniciar esta sección con una pregunta que, por su urgencia ética y ciudadana, todos deberíamos hacernos:

¿Puede llamarse resiliente una sociedad que responde a una emergencia dependiendo de que cada persona tenga automóvil, fuerza para cargar agua, que tenga disponible dinero, movilidad, familia y alguien que se acuerde de ella?

En una población con estas características, una interrupción prolongada del servicio de agua potable no afecta a todos por igual. Para una persona mayor —particularmente si vive sola, posee limitaciones de movilidad o carece de una red familiar cercana— conseguir, transportar y almacenar agua puede convertirse en un problema cotidiano de seguridad y salud. La experiencia posterior al huracán María ofrece evidencia de esta vulnerabilidad. Una investigación publicada en ACS ES&T Water estudió a 208 adultos mayores de Puerto Rico, entre 64 y 104 años, para examinar la relación entre las fuentes de agua potable y la resiliencia después del desastre. El 86 % utilizaba agua embotellada como fuente de consumo, mientras el 71 % reportó utilizar también agua del sistema municipal. Los investigadores destacaron que los desastres naturales afectan tanto la disponibilidad como la confiabilidad del agua potable y pueden dificultar el acceso a cantidades suficientes y seguras.

La vulnerabilidad se extiende además al sistema eléctrico. Una investigación publicada en 2026 en BMC Public Health, realizada por un equipo de investigadores con 60 participantes adultos de zonas rurales de Puerto Rico, encontró que la inseguridad energética durante los apagones puede interrumpir el funcionamiento de equipos médicos esenciales y la refrigeración de medicamentos, además de dificultar el manejo de condiciones crónicas como la diabetes y las enfermedades respiratorias.  

Los participantes también describieron un aumento del estrés psicológico durante las interrupciones eléctricas. En un Puerto Rico cada vez más envejecido, las crisis de agua y energía dejan de ser únicamente problemas de infraestructura: para determinados adultos mayores pueden convertirse directamente en problemas de salud, autonomía y supervivencia cotidiana.

Propuestas para una Política de Acompañamiento y Protección de los Adultos Mayores

Reconocer la vulnerabilidad de los adultos mayores no es suficiente si ese reconocimiento no se traduce en mecanismos concretos de prevención, acompañamiento y respuesta. Puerto Rico necesita avanzar hacia una política que permita conocer dónde se encuentran las personas mayores más vulnerables, cuáles son sus necesidades y cómo responder antes de que una emergencia las coloque en peligro. Entre las medidas que deberían considerarse se encuentran:

  • Identificación de adultos mayores que viven solos: desarrollar, con participación de municipios, comunidades y agencias pertinentes, mecanismos voluntarios y actualizados que permitan identificar a personas mayores que viven solas, carecen de una red de apoyo cercana o presentan limitaciones que puedan aumentar su vulnerabilidad durante una emergencia.
  • Monitoreo y acompañamiento periódico: establecer programas de seguimiento comunitario para conocer periódicamente las condiciones de vida de adultos mayores identificados como vulnerables, prestando especial atención al acceso a alimentos, agua potable, medicamentos, electricidad, higiene, movilidad y otras necesidades básicas del diario vivir.
  • Educación para el autocuidado y preparación ante emergencias: ofrecer orientación periódica y accesible sobre técnicas de autocuidado, almacenamiento seguro de agua y alimentos, manejo y conservación de medicamentos, preparación para interrupciones de servicios esenciales y mecanismos disponibles para solicitar asistencia.
  • Protocolos especiales durante interrupciones de agua y electricidad: crear sistemas de respuesta que permitan contactar prioritariamente a adultos mayores vulnerables cuando ocurran apagones, racionamientos o interrupciones prolongadas del servicio de agua, particularmente cuando dependan de equipos médicos eléctricos, medicamentos refrigerados o tengan dificultades de movilidad.
  • Redes comunitarias de apoyo al adulto mayor: fortalecer la colaboración entre municipios, organizaciones comunitarias, profesionales de la salud, vecinos y familiares para establecer redes locales capaces de detectar necesidades, reducir el aislamiento y movilizar ayuda cuando una persona mayor no pueda abastecerse por sí misma.
  • Sistema de alerta y seguimiento interagencial: establecer mecanismos de comunicación entre las agencias responsables de servicios sociales, salud y manejo de emergencias para que los casos de mayor vulnerabilidad puedan ser identificados y atendidos oportunamente, evitando que una persona tenga que llegar al abandono, la hospitalización o una crisis para que el Estado conozca su situación.

A modo de conclusión, sería prudente expresar que el abandono no necesariamente comienza cuando una familia deja solo a un adulto mayor; también puede adquirir una dimensión institucional cuando diseñamos respuestas a emergencias suponiendo que toda persona puede hacer fila, cargar agua, desplazarse, pedir ayuda o contar con alguien que llegue a su casa. En ese punto, la omisión deja de ser logística y se convierte en una forma de violencia estructural. Un país que no planifica para quienes menos pueden, termina profundizando la desigualdad que dice querer atender. Y al final de todo este recorrido, quienes aún no formamos parte de la población de adultos mayores —pero inevitablemente nos acercamos a esa puerta— debemos preguntarnos qué país encontraremos al abrirla: uno que nos reciba con mayor aptitud física, emocional y comunitaria, o uno que nos obligue a enfrentar la vejez con las mismas carencias que hoy denunciamos.

Comentarios: eljimagua@live.com  

 

sábado, 15 de agosto de 2026

El agua no tiene ideología pero su ausencia deja marcas en el pueblo: propuesta ciudadana ante una crisis que Puerto Rico ya conocía

 

Columna de opinión periodística e investigativa

Por: Francisco J. Cartagena Méndez

Periodista Independiente, Activista de Derechos Humanos

Un Árbol de Solución de Problemas (ASP) es una herramienta utilizada en planificación, desarrollo y contextos humanitarios para identificar un problema central, establecer sus causas y consecuencias y convertir ese diagnóstico en respuestas organizadas.

Aplicarlo a la crisis del agua permitiría a Puerto Rico dejar de reaccionar exclusivamente ante la avería inmediata y examinar las condiciones estructurales que durante años nos han conducido hasta aquí. La premisa es sencilla: si conocemos las raíces del problema, podemos intervenir antes de que sus consecuencias vuelvan a convertirse en emergencia. Entre esas raíces se encuentran factores como las pérdidas físicas de agua, la infraestructura envejecida, el mantenimiento insuficiente, la falta de medición y transparencia y la desigualdad en la capacidad de respuesta comunitaria.

 

El ASP permite descomponer la crisis en causas específicas, rutas de acción y decisiones verificables, en lugar de quedarnos en explicaciones generales. En términos prácticos:

  • Identifica las causas raíz: permite distinguir entre fallas de infraestructura, problemas de gestión, sequía, corrupción o falta de mantenimiento.
  • Ordena las dependencias: muestra qué problemas deben atenderse primero para que otras intervenciones puedan ser efectivas.
  • Aclara responsables y puntos de intervención: permite vincular acciones concretas con agencias, municipios y comunidades.
  • Reduce la ambigüedad pública: transforma una crisis compleja en un mapa visual que permite comprender qué está ocurriendo, por qué ocurre y qué puede hacerse.

Un Árbol de Solución de Problemas, sin embargo, no debería detenerse en las raíces estructurales: también debe mostrar a quiénes alcanzan sus ramas. Según los criterios de vulnerabilidad señalados por UNICEF y aplicados a la realidad de Puerto Rico, esas ramas incluyen a adultos mayores, personas encamadas o con movilidad limitada, familias de escasos recursos, comunidades que enfrentan interrupciones prolongadas y escuelas.

Ese sufrimiento tampoco llegó de repente. En 2015, durante otra gran sequía, el geomorfólogo José Molinelli advertía que el reto del país era proteger sus fuentes y manejar eficientemente el recurso. Ese mismo año señalaba que más de la mitad del agua podía perderse debido al deterioro de la infraestructura y las filtraciones. Once años después, un informe oficial citado en medio de la crisis de 2026 calcula que la AAA produce alrededor de 513 millones de galones diarios y pierde físicamente unos 267 millones: aproximadamente el 52 %.

No se puede administrar lo que no se mide. Cambian las administraciones, pero permanece la pérdida de agua potable. Por eso, mi primera propuesta ciudadana es realizar una auditoría técnica integral de la red de distribución que permita determinar, sector por sector, dónde, cómo y cuánto se pierde.

 

Tampoco faltaron advertencias sobre las fuentes de abasto. También en 2015, científicos y especialistas describían una paradoja: Puerto Rico recibe abundante precipitación y posee importantes recursos superficiales y subterráneos, pero captura y administra deficientemente una parte considerable de ellos. El hidrólogo Sigfredo Torres González resumió entonces que en Puerto Rico había mucha agua, pero se capturaba muy poca; entre los problemas identificados estaban embalses pequeños y sedimentados y la escasez de proyectos para capturar agua en las montañas. En 2019, Molinelli volvía a advertir que ni siquiera se conocía adecuadamente la capacidad real de acumulación de algunos de los principales embalses después del huracán María. No estamos, pues, ante advertencias surgidas ayer. Estamos frente a conocimiento acumulado que demasiadas veces parece desaparecer cuando cambia una administración.

 

Los dragados de los embalses también deben formar parte de una estrategia hídrica a largo plazo.  Décadas de sedimentación reducen progresivamente su capacidad de almacenamiento y, con ello, el agua disponible durante periodos de poca lluvia. En 2022 se advertía que Carraízo llevaba 25 años sin un dragado completo, mientras continuaban las enormes pérdidas de agua en la red. Recuperar capacidad en nuestros embalses es necesario, pero de poco servirá almacenar más agua si después permitimos que una parte sustancial se pierda antes de llegar al pueblo.

 

La realidad es que el agua no tiene ideología ni partido político. Precisamente porque parte de ese conocimiento lleva décadas acumulándose, un Consejo Asesor de Emergencia Hídrica podría reunir la memoria institucional de exdirectores, ingenieros y trabajadores de la AAA con hidrólogos, científicos y universidades. En noviembre de 2018, el hidrólogo Ferdinand Quiñones advirtió que debía reducirse la descarga del embalse Guajataca ante la disminución de las lluvias; meses después, ya en 2019, más de 200,000 personas enfrentaron racionamiento. Y en 2026 reaparecen alertas técnicas antiguas: Greg Morris había señalado la caída del rendimiento firme del Superacueducto y recomendado rehabilitar pozos estratégicos para sequías y emergencias. Escuchar a quienes conocen el sistema no debería depender del partido que ocupe La Fortaleza.

 

Puerto Rico debería avanzar hacia un Sistema Inteligente de Monitoreo Digital que convierta la medición continua y la detección temprana en parte central de la operación diaria de la AAA y permita localizar fugas, detectar cambios anormales de presión, anticipar averías, monitorear el consumo y priorizar reparaciones. Lo ideal sería contar con una modernización que permita medir cuántas averías se evitan, cuánta agua dejamos de perder y qué resultados produce cada dólar invertido. Las agencias pertinentes deben sustituir la costumbre de administrar las crisis que afectan al pueblo por la disciplina de administrar bien el agua, porque es una necesidad vital y, por eso, tiene que llegar.


A esa tecnología debe acompañarla una transparencia igualmente moderna, por lo que un Portal Público de Transparencia Hídrica debería formar parte de las posibles soluciones a mediano y largo plazo. Un portal donde cualquier ciudadano pueda consultar producción de agua, pérdidas estimadas, averías, proyectos, costos, fechas de terminación y cumplimiento de metas, y donde esa información alimente auditorías independientes y evaluaciones públicas cada seis meses. Pero modernizar la infraestructura existente no impide desarrollar resiliencia desde las comunidades ni explorar nuevas fuentes complementarias.

 

otra estrategia de resiliencia podría ser establecer recolectores comunitarios de agua —sistemas comunitarios de captación y reserva— ubicados estratégicamente en zonas vulnerables, incluyendo comunidades cercanas a embalses que históricamente alcanzan niveles críticos durante periodos de sequía y calor extremo. Estos sistemas permitirían atender necesidades básicas cuando las interrupciones golpeen con mayor fuerza, particularmente entre poblaciones con menos recursos para comprar cisternas de almacenamiento o para adquirir agua por su cuenta. Su valor pudiera medirse en si logran reducir la desigualdad que aparece cada vez que una crisis obliga a unas familias a comprar agua mientras otras simplemente tienen que esperar.

 

Atrapanieblas: una alternativa que Puerto Rico debería estudiar

 

La captación de agua de niebla mediante atrapanieblas ya se usa en distintos países y podría explorarse como fuente complementaria para Puerto Rico. Estudios reportan rendimientos entre 1 y 10 litros por metro cuadrado de malla al día, dependiendo del viento y las condiciones atmosféricas. En Chile, investigaciones recientes han mostrado hasta 10 litros diarios con aplicaciones para consumo humano, riego y agricultura hidropónica. Europa también ofrece precedentes: el proyecto LIFE NIEBLAS en Gran Canaria ha demostrado utilidad en restauración forestal y ha desarrollado colectores más resistentes, capaces de operar de forma pasiva sin requerir energía externa

.

Para Puerto Rico, la vía razonable sería iniciar proyectos piloto en microclimas montañosos donde la niebla y el viento favorezcan la captación. Antes de pensar en una adopción mayor, habría que medir volúmenes reales de agua, calidad, costos, mantenimiento y resistencia ante el clima local, además del costo final por litro. Los atrapanieblas no sustituirían a la AAA ni resolverían por sí solos la crisis hídrica; serían una pieza adicional dentro de una estrategia de diversificación y resiliencia. La pregunta clave no es si funcionan en Chile o Canarias, sino si pueden hacerlo eficientemente aquí.

 

Después de revisar advertencias históricas, alternativas técnicas, propuestas comunitarias y posibilidades de innovación, queda una pregunta que el país no debería seguir posponiendo: si un periodista independiente sin formación especializada en ingeniería hídrica puede identificar el problema, buscar antecedentes, localizar advertencias científicas, estudiar experiencias internacionales, formular alternativas y proponer un mecanismo para probarlas, ¿por qué una corporación pública con técnicos, ingenieros, presupuesto, datos y décadas de experiencia no puede sostener públicamente un proceso semejante de investigación, experimentación y planificación a mediano y largo plazo?